Una radiografía por regiones: Los colaboradores de Aleteia en el continente americano dan las claves
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre. En ese día de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Se trata de un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano; independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.
“Este año –como bien señala el portal de la ONU- el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19. Y se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación”.
Hay una tendencia a creer que los países peligrosos o en peligro son sólo aquellos en donde ocurre una guerra formal. Pero la realidad es que, en la actualidad, hay otras categorías para reconocer altos riesgos, como los de orden social y político que privan en nuestra América Latina.
Hablan los colaboradores de Aleteia
Este trabajo conjunto pone de relieve las circunstancias explosivas que pueden hacer ignición en el volcán social del continente. Cada país tiene sus problemas de servicios públicos; pasando por las deficiencias educativas; la injusticia de la tenencia de la tierra; así como la vulnerabilidad de las comunidades indígenas víctimas de invasiones, desalojos y apropiaciones de territorio para la explotación de recursos naturales.
Todo ello, aunado a la pobreza y el hambre que afecta a las mayorías desposeídas. Así como la inseguridad ciudadana, la represión y los estallidos sociales en algunos países, que abren espacio a desmanes y atentados. Por parte, tanto de radicales, como de las fuerzas del orden público. Todos son factores de alto riesgo para la estabilidad de los gobiernos y la seguridad de la sociedad.
Ataques a los defensores de los Derechos Humanos
Los ataques a los defensores de derechos humanos o sus familias adoptan diversas formas, desde amenazas, campañas de difamación, intimidación policial y limitaciones administrativas; pasando por agresiones y detenciones arbitrarias, hasta llegar a torturas, secuestros y asesinatos.
Solo entre 2017 y 2018 hubo cerca de 500 asesinatos de defensores, periodistas y sindicalistas en todo el mundo: ocho asesinatos a la semana, según datos de Naciones Unidas.
El incremento en Latinoamérica de los ataques contra comunidades y defensores de derechos humanos durante la pandemia ha sido recientemente denunciado por Manos Unidas.
A esta violencia se añade la criminalización la cual «se ha agudizado en los últimos meses con encarcelaciones y judicializaciones en condiciones injustas y poco seguras en medio de la pandemia; e impidiendo a los abogados desplazarse para defender a las personas encausadas», según la ONG.
Llamados del Papa Francisco
El Papa Francisco no cesa de hacer llamados por los derechos humanos. En la catequesis del 12 de agosto de este año, citando la Constitución Pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, Papa Francisco recordó que «la dignidad humana es inalienable, porque ha sido creada a imagen de Dios».
En la cultura moderna, «la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre». El Santo Padre afirmó que «los derechos no son sólo individuales, sino también sociales, de los pueblos y de las naciones»; el ser humano en su dignidad personal es un ser social creado a imagen de Dios Uno y Trino.
A continuación, presentamos una aproximación a la situación que hoy se vive en nuestros países, a través de la visión de nuestros colaboradores en Latinoamérica.
1MÉXICO: MUJERES Y PERIODISTAS EN LA MIRA
Jaime Septien/Aleteia México y Caribe
La vigencia de los derechos humanos en México, América Central y el Caribe sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la región, muchos de los países que la componen se aprestan a celebrar la consumación de su Independencia el próximo 2021.
Un breve resumen de los puntos focales en materia de derechos humanos inicia con México, donde las principales protagonistas han sido las mujeres. Colectivos feministas, en ocasiones desbordados por grupos radicales, han tomado las calles y protestado por los crímenes y las vejaciones de que son objeto en el país norteamericano.
Quizá el dato más escalofriante –y que fundamenta la protesta femenina—sea que, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día en todo el territorio nacional. Y con la pandemia, ha crecido, de forma exponencial, el maltrato femenino, especialmente en contra de las niñas, en las familias.
Maltrato femenino
Por cierto, los colectivos feministas han tomado diversas sedes de las comisiones de derechos humanos en los Estados del país; incluso la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México continúa tomada en demanda de protección a las mujeres. Reclaman contra la brutalidad policiaca y el esclarecimiento de crímenes (feminicidios) que han sacudido la conciencia de un país con un altísimo promedio de 90 crímenes diarios.
Otro de los colectivos que ha visto recrudecer la violencia en su contra durante 2020 ha sido el de los periodistas. Según la organización Propuesta Cívica, hasta el momento del cierre de este informe, habían sido asesinados 16 periodistas lo que convierte a México en el país más peligroso de América Latina (y del mundo) para ejercer la libre expresión.
2CUBA: LOS ARTISTAS Y CREADORES EN PIE DE LUCHA
Si bien en Cuba ha habido cambios modestos en lo que respecta a las libertades individuales, no han sido, ni remotamente, los cambios que reclaman los cubanos; especialmente, quienes se dedican a la creación artística o a la comunicación social. Con medios digitales muy restringidos, blogueros cubanos han logrado el liderazgo y se han granjeado, también, la repulsa del régimen.
Quizá el movimiento pro derechos humanos más llamativo sea el llamado Movimiento de San Isidro (MSI), que inició en 2018, frente a una Ley regulatoria de las actividades artísticas y culturales. Pero que cobró notoriedad internacional el fin del mes de noviembre, cuando sus integrantes se plantaron en huelga de hambre frente a las oficinas del Ministerio de Cultura, en La Habana.
El MSI es una agrupación heterogénea de artistas, intelectuales y activistas sociales que se encuentran en franca oposición al Partido Comunista Cubano, gobernante en la isla caribeña desde principios de la década de los sesenta del siglo pasado. Su peculiaridad es la combinatoria de actividades de disidencia política y manifestaciones artísticas en público.
Disidentes
La chispa que desató las protestas del MSI fue el juicio y la prisión de uno de sus integrantes, el rapero Denis Solís, acusado de «desacato» por expulsar de su casa a un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. La condena de ocho meses de cárcel de Solís hizo que otro miembro del MSI, Maykel Castillo, convoque a huelgas de hambre y de sed a las que se han unido otras figuras públicas del arte y la cultura.
Las protestas del MSI han comenzado a agrupar a otros conocidos disidentes cubanos. Entre ellos entre destaca José Daniel Ferrer, junto a otros grupos internacionalmente conocidos como las Damas de Blanco. Su reclamo se resume en una sola idea: libertad de expresión, de asociación, de producción cultural y artística.
3NICARAGUA: SIGUE LA REPRESIÓN
Han pasado dos años y siete meses desde el inicio de las protestas en contra del régimen sandinista, encabezado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Y no obstante la presión internacional haya hecho poner en libertad a casi todos los presos políticos encarcelados desde el 19 de abril de 2018: según organizaciones de familiares de las víctimas (como la Asociación de Víctimas de Abril, AVA), todavía permanecen en las cárceles cerca de cien presos cuyo delito ha sido protestar contra el Gobierno.
A principios de diciembre, un demoledor informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha confirmado la esencia de la oposición nicaragüense, que incluye a la AVA, empresarios, campesinos y todos los niveles de la sociedad del país centroamericano.
El informe Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018, desnuda la persecución política del presidente Ortega y de sus fuerzas leales contra la oposición. «La CIDH logró establecer que 1.614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales» entre abril del 2018 y mayo del 2020.
Muertos y exiliados
Según el estudio pormenorizado de la CIDH, al que el Gobierno calificó como “sesgado”, la represión del régimen sandinista desde el 19 de abril de 2018 dejó al menos 328 muertos (algunos grupos elevan la cifra a 684 víctimas mortales). Y más de 100.000 opositores exiliados, la mayor parte de ellos buscando refugio en el vecino país de Costa Rica.
Las demandas, que comenzaron como respuesta a iniciativas de ley sobre seguridad social y pensiones, han derivado en la exigencia del abandono del poder de la pareja Ortega-Murillo. También se piden elecciones democráticas adelantadas (se prevén para 2021), libertad de manifestación y de expresión. Sin embargo, las puertas del diálogo están casi totalmente cerradas, lo que augura un 2021 muy agitado en Nicaragua.
42020, UN AÑO DIFÍCIL PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Lucía Chamat/Aleteia Colombia
La situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo preocupante por los altos niveles de violencia que ocasionan graves violaciones a estos, situación que ha empeorado por la actual pandemia.
En un informe publicado la semana pasada, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) indica que durante los diez primeros meses del año se registraron 411 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, tendencia que se ha mantenido en los últimos años.
«Los líderes sociales son los que más vulneraciones han sufrido, concentrando el 54,25 de los hechos, con el agravante de que el 63% de las agresiones en su contra fueron letales», dice el estudio de la MOE. A estos le siguen las agresiones y asesinatos de líderes políticos y líderes comunales, dentro de los cuales hay un gran porcentaje de mujeres.
Ante estos lamentables hechos, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que: En las zonas donde están ocurriendo la mayor parte de asesinatos de líderes sociales operan grupos armados organizados que participan en actividades productivas ilícitas.
Cifras alarmantes
La violencia también se ha traducido en masacres, cuyas víctimas han sido principalmente jóvenes y menores de edad. Según Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), para el pasado 5 de diciembre se habían presentado 79 masacres y 340 personas asesinadas en ellas.
Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz, dijo al periódico El Tiempo que entre las razones están los atrasos en la implementación integral del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC y se mostró contrario a la explicación del Gobierno, que asegura que la principal razón es el narcotráfico: “La gran mayoría de asesinatos no tiene nada que ver con narcotráfico, sino con otros conflictos por tierras, minería, ganadería, entre otras cosas”.
La realidad es que los diferentes organismos que trabajan en el tema manejan diferentes cifras: frente a las reportadas por la MOE e Indepaz, están las de las Naciones Unidas que indican que son 49 los líderes sociales asesinados en el año, mientras que la Defensoría del Pueblo asegura que son 129 entre enero y septiembre.
“A pesar de las cifras, el Gobierno sostiene que estos homicidios están disminuyendo”, escribió el abogado defensor de derechos humanos Rafael Barrios Mendivil, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en una reciente columna publicada por el portal Confidencial Colombia y agregó:
Algunos piensan que nuestro país ha progresado en el tema de los derechos humanos. Pero en cuanto a los temas fundamentales de la impunidad y el cumplimiento pleno de los derechos de las víctimas, no hay un escrutinio serio que así lo certifique. En Colombia no hay verdad, justicia, ni reparación integral, ni garantías de no repetición.
Vulneración de muchos derechos
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH–, ha manifestado su preocupación por “las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado”.
Además de las permanentes amenazas y asesinatos que atentan contra el derecho a la vida, en Colombia se vulneran los derechos a la salud, al medio ambiente, a la justicia, a la educación, al agua potable, al trabajo y a la igualdad, entre otros.
En medio de estas cifras preocupantes, Colombia está celebrando la Semana por los Derechos Humanos, durante la cual las entidades del Gobierno nacional realizan actividades para desacatar las acciones que lidera la sociedad civil y el Estado, promoviendo el respeto y buscando mejorar las condiciones de vida.
De acuerdo con la Consejería para los Derechos Humanos, la agenda incluye reunión con las mujeres líderes de la región de los Montes de María. También una jornada de solidaridad con las comunidades de Cartagena afectadas por la ola invernal. Y la firma de un pacto por la prevención de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; y de garantías para el ejercicio social, comunal y de defensa de los derechos humanos con entidades municipales y departamentales
5PERSPECTIVAS DE DERECHOS HUMANOS DESDE PARAGUAY
Rodrigo Houdin/Aleteia Paraguay
Paraguay es un país que aún no sana en su totalidad las graves heridas dejadas por una prolongada dictadura liderada por el difunto Alfredo Stroessner (1954-1989). Unos 20.000 torturados y cerca de 500 desaparecidos fueron el saldo directo de su Gobierno.
Sin embargo, el daño que Stroessner hizo al sistema educativo fue una de las peores consecuencias de su mandato. Asimismo, en las fuerzas públicas siguen instalados el autoritarismo y la represión como parte del actuar cotidiano.
Durante el Gobierno stronista, varios aliados del dictador se vieron favorecidos con la entrega indiscriminada de tierras, dejando a miles de campesinos sin la posibilidad de acceder a un pedazo de ellas.
En Paraguay, el 90% de la tierra está en manos de 12.000 grandes propietarios, según cifras de la organización Base Organizaciones Sociales.
La reforma agraria va de fracaso en fracaso y con la llegada de la pandemia del Covis19, la pobreza del campesinado se acrecentó, sin que exista una respuesta por parte del Estado.
Pueblos originarios
Otro sector que requiere de una urgente respuesta del Estado, es el de los indígenas. Un informe del Grupo de Apoyo a Comunidades Indígenas, integrado por varias organizaciones sociales, señala que el 66,2% de las personas indígenas –siendo muchas de ellas niñas y niños– se encuentran en situación de pobreza, lo cual constituye 2 de cada 3 personas.
Se estima que en Paraguay unas 81.000 personas indígenas viven en situación de pobreza, lo que representa el 34,4% del total.
Los nativos son desplazados de sus tierras ancestrales que experimentan la reconversión del suelo para actividades como la agricultura y ganadería.
El acceso a la Salud Pública, la Educación y a una vivienda digna siguen como materias pendientes en el país, lo que atenta contra los derechos básicos de una población.
Durante la pandemia del Covid-19, el Paraguay fue señalado Amnistía Internacional por la implementación de albergues obligatorios para quienes ingresen al país, principalmente por sus precarias condiciones. Así como por las restricción de libertades.
6CHILE: A UN AÑO DEL ESTALLIDO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
Macarena Gayangos/Aleteia Chile
A partir del 18 de Octubre-2019, fecha en que se inició el estallido social en Chile, Carabineros, la fuerza policial de Chile, se vio ampliamente sobrepasada y recurrió al uso excesivo de las armas. El país del Cono Sur recibió a observadores de Human Rights Watch; Amnistía Internacional y a La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, cuya comisionada es Michelle Bachelet, ex presidenta de la nación.
La comisión envidad por la ONU determinó en su informe publicado el 13 de diciembre del 2019 que “existen razones fundadas para creer” que desde el 18 de octubre se han cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza.
“El control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva”, dice el informe, añadiendo que “algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio”.
El informe también indicó que de las 3.449 personas lesionadas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) registró, solo abarca personas que buscaron asistencia médica en hospitales y que su personal pudo certificar.
Un año doloroso
Por su parte, el Ministerio de Justicia declaró que desde 19 de octubre al 6 de diciembre han resultado heridas 3.590 personas (1.300 civiles y 2.705 miembros de la policía)”. También citó que el Ministerio de Salud atendió a 12.738 personas de urgencia, desde 18 de octubre al 7 de diciembre.
Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, durante el período del 19 de octubre al 3 de diciembre del 2019, 345 personas sufrieron lesiones relacionadas con traumatismos oculares. Según el INDH, 352 personas han sufrido traumas oculares. Los caso más emblemático son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai — quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos.
A un año del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó su balance a un año del inicio del estallido social del 18 de octubre del 2019 y reveló que hasta el momento se han presentado 2.520 querellas (demandas) a nivel nacional; de las cuales 2.340 fueron contra funcionarios de Carabineros, 97 de ellas contra personal del Ejército, 34 contra la Policía de Investigaciones (PDI) y otras 49 no especificadas.
Respecto a la figura jurídica de las demandas, la que más se repite es la figura de apremios ilegítimos (1.730), tortura (460), violencia innecesaria (101), abusos contra particulares (81), otras infracciones al código de justicia militar (56), homicidio frustrado (35), entre otros.
Instituciones en la mira
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos son un total de 3.023 personas, de los cuales 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, niños y adolescentes (336) y niñas y adolescentes (124).
El Ministerio Público también dio a conocer cifras sobre causas por desmanes y atentados ocurridos en el contexto del estallido social: desde el 18 de octubre del año pasado, se ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos; 648 de ellas quedando en prisión preventiva y otras 725 fueron condenadas.
Por otro lado, 8.827 personas denunciaron ante la Fiscalía delitos cometidos por agentes del Estado, y hay 4.600 causas relacionadas a violencia institucional que se mantienen vigentes.
Chile cuenta con una encuesta nacional de Derechos Humanos que realiza cada dos años el INDH, la cual se encuentra en trabajo de campo. Sin embargo, los resultados del estudio correspondiente al 2018 arrojó que las tres instituciones que más violan los Derechos Humanos, en opinión de los chilenos, figuran Carabineros de Chile (27,5%), el Estado (24,2%), y el Gobierno (23,1%).
Habrá que esperar cuánto varían los números después de uno de los años más dolorosos de la historia de Chile.
7ARGENTINA: RICA TRADICIÓN PERO SEÑALES DE ALARMA EN EL DERECHO HUMANO MÁS BÁSICO
Esteban Pittaro / Aleteia Argentina
La Argentina tiene una rica historia en materia de Derechos Humanos. Esto se profundizó particularmente a partir de la década del 90, primero con una sentencia de la Corte Suprema que consagró que los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen un valor superior a la ley local. Y luego, a partir de la Reforma de la Constitución de 1994, dándoles jerarquía constitucional.
El Dr. Fernando Toller, Director de la Diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral, explicó a Aleteia que
«la diversidad, extensión y calidad de los estudios sobre derechos humanos y garantías en la Argentina siempre fue muy fuerte, con una Constitución aún vigente que data desde 1853. Se ha llevado el debate en términos de derechos humanos hacia muchas instituciones jurídicas y sociales».
A partir de la Reforma de 1994, por ejemplo, ilustró, “hay que controlar las leyes internas no sólo con la Constitución, sino también en su conformidad con las convenciones”.
En general, advierte el profesor Toller, América siempre «estuvo un paso adelante que el resto del mundo en derechos humanos. En 1776 en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se declaran derechos, como la vida y la libertad, cuando en Europa recién se plantea 13 años más tarde».
Deconstruir derechos
Estados Unidos, explicó, incorporó las enmiendas sobre derechos en 1791, y desde 1803 hizo que se pueda declarar una suerte de nulidad de las leyes que violen la Constitución, un antecedente imprescindible para entender cada vez que hoy se propone el diálogo en torno a los Derechos Humanos, porque hasta entonces, las Cartas Magnas y sus enunciados eran más que nada declaraciones de principios, como siguió siendo en Europa hasta entrado el siglo XX.
Por otro lado, así como se advierte un rico desarrollo en el mundo del Derecho para consagrar los Derechos Humanos de las personas, hay señales de alarma con interpretaciones que pueden tergiversar la propia noción de derecho humano.
En un camino similar al suscitado en Brasil en los 70, cuando desde el mundo del Derecho de extracción marxista se advirtió la imposibilidad de cambiar el Derecho Privado de propiedad y desde jueces y profesores de esa perspectiva se propuso el “uso alternativo del Derecho”. O sea, una “deconstrucción” con interpretaciones sobre la ocupación de las tierras, algo similar está ocurriendo con el derecho a la vida en la Argentina.
El profesor Toller advierte que “quieren cambiar el Derecho desde abajo, reinterpretandolo que dice, porque no pueden cambiar lo que dice la Constitución y los tratados Internacionales”, y toman “recomendaciones y opiniones de organismos políticos o administrativos que no tienen potestad de obligar al país”.
El derecho constitucional a la vida
Un ejemplo concreto, plantea, es la tergiversación que se hace del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Allí se expresa con claridad que todos tienen derecho a la vida y se termina leyéndolo por el Comité de la ONU como que ‘todo gestante tiene derecho a acabar con la vida del no nacido’.
En la Constitución Argentina, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se habla de la protección del niño desde la concepción y desde antes del nacimiento: son frases literales “Pero se plantea que existe un derecho internacional al aborto, cuando ningún tribunal internacional lo ha afirmado”, completa.
Con el derecho a vivir en riesgo… otros derechos como la libertad educativa, la libertad religiosa, el derecho a asociarse, entran también en zona de alarma. “Hay una relativización donde los derechos ya no son una muralla absolutamente resistente a la arbitrariedad gubernamental y a la arbitrariedad privada, sino que son algo fluctuante, sujeto a conflicto de intereses y a valoraciones ideológicas y partidarias”, considera el Dr. Toller.
Y advierte, en línea con destacados juristas como Hurst Hannum (Rescuing Human Rights, Cambridge UP 2019): “a mayor extensión, menor comprensión: cuando todo es un derecho humano, nada es propiamente un derecho humano, ya que no hay una nota distintiva en ser un derecho humano”.
8VENEZUELA: INVOLUCIÓN Y RESCATE
Macky Arenas / Aleteia Venezuela
En Venezuela, tal y como están las cosas, no se podría encarar esta fecha hablando de evolución en materia de derechos humanos; más bien de involución. Sobre todo en estas últimas dos décadas.
Después de haber sido país pionero en el reconocimiento de estos derechos, a través del Tratado para la Regularización de la Guerra del Mariscal Antonio José de Sucre en tiempos de la guerra de Independencia, hoy no somos más una referencia en el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos humanos.
De hecho, somos un ejemplo de lo que nunca debimos permitir que ocurriera en nuestros países. No obstante, y consecuentemente, es cierto que nos hemos convertido en aguerridos defensores de los derechos humanos y la dura experiencia acumulada servirá para construir un recuerdo que impida su cercenamiento en el futuro.
Escribir sobre los términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya resulta ocioso puesto que la conocemos y hemos repasado su texto a lo largo de seis décadas.
Lo mismo ocurre con las cifras. Cada país en nuestro continente las sufre y las vive como algo que lascera la conciencia y forma parte de nuestra cotidianidad. Lo que se impone es constatar los retrocesos y verificar las causas que mantienen a los derechos humanos como convidados de piedra ante una realidad de irrespeto y desconocimiento hacia su naturaleza irrenunciable e inconfiscable.
Íbamos por buen camino…
Los venezolanos estuvimos entre los primeros en Latinoamérica en conocer y disponer de una figura novedosa hace unas décadas, que venía con fuerza desde Suecia a instalarse como una garantía de los derechos ciudadanos: el Ombudsman o alto funcionario público encargado de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos ante los poderes públicos.
En rigor, es un Defensor del Pueblo y esa Defensoría tiene su origen en la constitución de 1999 en la cual se reconoce por primera vez al Poder Ciudadano. Se trató de una Constitución promulgada el 20 de diciembre de 1999, siendo la única en la historia del país cuya redacción fue aprobada por el pueblo mediante el voto en referéndum, recibiendo el respaldo del 72% de los votos escrutados.
A pesar de que esa Constitución se reconoció como la más acabada y avanzada de cuantas habíamos tenido en cuanto a derechos humanos se refiere, producto de un proceso constituyente impulsado por el entonces recién electo presidente, el propio Hugo Chávez, poco a poco se fue dejando como letra muerta e ignorando las precisas instrucciones que ella consagra en función de proteger el valor y vigor de esos derechos.
El 1° de junio de 2000 se aprobó la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), elaborada con la participación activa de diversos organismos no gubernamentales y académicos, incluyendo a los propios niños y niñas. Esta recoge el espíritu de la Convención Internacional de Derechos del Niño, resultando muy prometedora para la vigencia de los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país.
…pero pusimos retroceso
No obstante ello, y a pesar de que la alimentación, la salud y la educación son renglones que la Carta Magna establece como derechos inalienables y cuyo primer garante debe ser el Estado…. La falta de apoyo a la familia, la crisis económica y la emergencia humanitaria severa – que hoy soporta nuestro país – ha convertido a la infancia en la principal doliente. Toda vez que la desnutrición, el caos educativo y el drama de las parturientas se traducen en una elevada mortalidad y abandono infantil.
El daño a los organismos infantiles se reflejará más adelante y los niños en situación de calle prefiguran un tejido social deshilachado y difícil de reconstruir. Nunca hubo más niños desamparados y desvalidos, vagando por las calles y comiendo de la basura que en la actualidad.
Los analistas más reconocidos coinciden en estimar que el 2021 será un año atípico donde coexistirán los “coletazos” del Covid19, con aumento del hambre, la pobreza y la desnutrición. La burbuja de “bienestar” sólo alcanzará a estratos más pequeños de la sociedad.
Pero tal vez lo más desgarrador, consecuencia de que la dignidad de la persona y sus innatos derechos son despreciados y desconocidos, se refleje en una crisis de otra naturaleza que vive la familia venezolana: el éxodo y la disgregación familiar que conlleva.
Millones de venezolanos han huido del hambre, de los hospitales desprovistos –hecho que reviste particular gravedad durante la pandemia- y de la delincuencia desbordada de la cual forman parte los mismísimos funcionarios policiales y efectivos militares. Lo cual consta en denuncias públicas, a veces emanadas de los propios organismos en cuestión.
No hay familia sin dolor
Hoy por hoy, no existe en Venezuela familia, comunidad o empresa que no haya sufrido mutilaciones por causa de la migración masiva fuera del país. Migración que ha sido comparada a la de Siria en guerra y sin predecentes en Latinoamérica.
Una de las modalidades más perversas de pisoteo a los derechos humanos se verifica en la brutal represión, evidenciada en las elevadas cifras de ejecuciones extrajudiciales; siembra de delitos a los opositores; detenciones arbitrarias y ausencia del debido proceso en los juicios.
Además del bloqueo al derecho de información que hoy afecta a la colectividad y que tiene su origen en la férrea censura y la hegemonía comunicacional. Haciendo excepción de las redes sociales, es muy poca la información que se ofrece sobre cualquier tema o situación que afecte al gobierno.
El más reciente informe de la Alta Comisionaduría para Derechos Humanos de ONU, la cual dirige Michelle Bachelet, dejó buena cuenta de toda esta situación en un detallado trabajo de investigación que ha sido harto difundido.
Y el broche de oro: persecución religiosa
Venezuela, país donde siempre coexistieron sin el menor problema todas las religiones – en una sola calle de Caracas sobreviven una sinagoga, una mezquita y una iglesia católica –, hoy comienza a registrar acciones contra la libertad religiosa.
Incipientes y hasta tímidas, pero no dejan de ser violaciones aunque se presenten esporádicas y parezcan hechos aislados. Se agrede a miembros de la Iglesia Católica y se profanan iglesias y capillas. Se pintan consignas contra la religión y se amenaza con cárcel a obispos por sus homilías. Desde lo más alto del poder se hace referencia irrespetuosa a los prelados y se distorsionan los mensajes episcopales.
Sin mencionar ataques a edificaciones judías y profanación de una sinagoga. Todo eso ha ocurrido y es previsible que siga ocurriendo -dada la radicalización del poder- aunque necesidades más apremiantes hacen que estos hechos pasen detrás.
Panorama desolador
Una profesora universitaria del Zulia escribió:
“A pesar de todos estos logros, la vigencia plena de los derechos humanos no es, aún, una realidad en nuestro país ni en América Latina. Por el contrario, existen serias amenazas a la vigencia de derechos ya conquistados con mucho esfuerzo y al costo de muchas vidas. Por eso el reto, es doble: evitar retrocesos en los derechos alcanzados y lograr el reconocimiento y disfrute de nuevos derechos para toda la población; especialmente en lo concerniente a los derechos económicos, sociales y culturales, donde existen enormes desafíos. Entre ellos alcanzar su justiciabilidad, en momentos cuando las tendencias de la economía mundial impulsan su desconocimiento”.
Tal vez sea Venezuela, en el concierto de países de América Latina – todos, de alguna manera, pasando por momentos de peligro para sus ciudadanos –, la nación que hoy presente un panorama más desolador.
Por ello, aún cuando quisiéramos reflectar una realidad menos dramática, lo que reverbera es la verdad amarga de una Venezuela en deuda con los más elementales derechos humanos y ciudadanos. Que, para nosotros los creyentes, tienen su origen en la certidumbre incontestable de ser hijos de Dios.
Macky Arenas - Jaime Septién - Rodrigo Houdin - Lucía Chamat - Macarena Gayangos - Esteban Pittaro
Vea también Derechos Humanos del Concebido
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