Es más del 10% de los 600 centros que la multinacional tiene repartidos en los Estados Unidos
Militantes provida de Live Action, en una campaña por la supresión de fondos federales a Planned Parenthood.
Según se desprende de un informe publicado por la multinacional del aborto Planned Parenthood, las políticas vinculadas a la Administración Trump habrían conllevado el cierre de más de 70 de sus clínicas en solo un año. De acuerdo con el informe, más del 10% de las 600 sedes que posee Planned Parenthood en todo el país ya han cerrado y las que permanecen abiertas están “al borde del abismo”.
Respecto a los cierres, 20 de ellos se deberían a la retirada de fondos federales a principios de este año, uniéndose así a los 50 previamente cerrados.
Una de las principales responsables de esta situación es la One Big Beautiful Bill, aprobada en julio de este 2025 y traducida como “Gran Proyecto de Ley Único y Hermoso”, un paquete de medidas con efectos considerados generalmente positivos de cara a la fiscalidad y con significativos ajustes a programas vinculados a Medicaid, como es el caso de Planned Parenthood, a quien se ha retirado la concesión de fondos federales.
El informe publicado por la multinacional abortista relata así su principal conclusión: “A pesar de los incansables esfuerzos de Planned Parenthood por garantizar el acceso a una atención gratuita o de bajo costo, el "daño a los pacientes" es inevitable […] los centros de salud de Planned Parenthood en todo el país están siendo empujados al borde del abismo”.
"Al borde de la quiebra", dicen sus representantes
Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos, calificó la retirada de fondos de “cruel”.
“Están desmantelando intencionalmente la atención médica para los pacientes más necesitados y empujando aún más a los centros de salud de Planned Parenthood al borde de la quiebra”, dijo Johnson en un comunicado del 12 de noviembre.
Máquinas de ultrasonido para estados abortistas
Mientras, los provida continúan su labor de asistencia a madres embarazadas. Es el caso del programa Across State Lines, impulsado por la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC), de corte Bautista, que pretende llevar a los estados donde el aborto no tiene restricciones sistemas de ultrasonido para madres embarazadas.
Gary Hollingsworth, presidente interino de la ERLC, dijo que los bautistas del sur “se mantienen firmes en la verdad de que Dios ha creado a todas las personas, desde el momento de la concepción, a su imagen y semejanza, y las ha dotado del derecho a la vida”. Y las ecografías, espera, ayudarán a las madres a ser conscientes de ello.
El Proyecto Salmo 139, dirigido por Rachel Wiles, será el responsable de financiar el costo de las máquinas de ultrasonido y la capacitación.
“Pedimos a quienes viven en estados con leyes provida que consideren la posibilidad de tender puentes más allá de las fronteras estatales con una mentalidad misional, con el objetivo final de salvar vidas de no nacidos y apoyar a las madres que se enfrentan a embarazos no planificados”, dijo Wiles.
80 millones de dólares en las mid-term
Susan B. Anthony Pro-Life America (SBA) también ha anunciado una destacada intervención provida, al destinar 80 millones de dólares en donación a las elecciones de mitad de mandato de 2026 para preservar una mayoría provida en la Cámara de Representantes y el Senado.
La SBA, junto con Women Speak Out PAC, planea llegar a 10,5 millones de votantes a través de campañas de puerta a puerta, publicidad, correo y votación anticipada, dando prioridad a los votantes provida que no votan en las elecciones de mitad de mandato.
Según un comunicado de la SBA, los activistas realizarán 4,5 millones de visitas domiciliarias a votantes en estados clave como Iowa, Georgia, Michigan y Carolina del Norte.
José María Carrera Hurtado, ReL
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