La abogada Martha Patricia Molina denuncia incansablemente los atropellos del régimen sandinista contra la Iglesia.
La abogada Martha Molina ha trasladado al Papa León XIV un informe sobre la persecución anticatólica que practica en Nicaragua desde hace casi veinte años -pero sobre todo a partir de 2018- el régimen comunista de Daniel Ortega y Rosario Murillo (su esposa, luego vicepresidente y ahora copresidente).
Paolo Manzo ha entrevistado a Martha Molina en Tempi:
Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense en el exilio, es hoy la voz más auténtica de la Iglesia perseguida de Nicaragua. Su informe, titulado Nicaragua: una Iglesia perseguida, fue entregado en octubre al Papa León XIV por su amiga Muriel Sáenz.
En el documento, la jurista reconstruye detalladamente la represión sistemática contra sacerdotes, obispos y laicos católicos por parte del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Desde que, en 2018, las protestas populares contra el Gobierno se convirtieran en una brutal campaña de terror, con más de 500 muertos, sobre todo jóvenes, asesinados por la dictadura, la Iglesia que había defendido a los estudiantes universitarios perseguidos se convirtió, a los ojos del poder, en un enemigo político a eliminar. Según los datos recopilados por Molina, más de 300 religiosos se han visto obligados al exilio, más de mil entidades eclesiásticas han sido cerradas, 36 iglesias confiscadas y decenas de medios de comunicación católicos silenciados: una asfixia de la vida religiosa que en 2025 ha adquirido formas aún más brutales.
La sospechosa muerte de Cárdenas, asesor de los obispos
La gravedad de la situación quedó confirmada con la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó la muerte de Carlos Cárdenas, asesor jurídico de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, detenido en julio y fallecido en prisión en agosto.
"La muerte de Cárdenas ha dejado demasiadas dudas", cuenta Molina a Tempi: "Estaba secuestrado por el régimen sandinista. A la familia ni siquiera se le permitió velarlo ni celebrar un funeral. Todo sucedió muy deprisa, sin una investigación médica independiente: el instituto legal está totalmente sometido a la dictadura sandinista. Es la séptima persona asesinada por la dictadura bajo el régimen de vigilancia penitenciaria y es muy triste lo que le está pasando a la gente de la Iglesia".
Carlos Cárdenas, preso político nicaragüense, asesor de la conferencia episcopal, muerto en la cárcel en circunstancias no aclaradas.
En su trabajo de documentación, nos cuenta Molina, "recibo a diario denuncias sobre la represión que están sufriendo los sacerdotes, obispos, diáconos, religiosas, clérigos y laicos. Pero, lamentablemente, la gente no denuncia públicamente porque tiene miedo, la represión es cada vez mayor en Nicaragua y las personas pueden ser encarceladas, exiliadas o incluso asesinadas".
Por eso el número de denuncias públicas "ha disminuido considerablemente y las acusaciones son cada vez más anónimas. Sin embargo, no las he tenido en cuenta en el dossier", añade la jurista. El mismo informe, entregado al Papa, ya ha llegado a la ONU, a la OEA (Organización de Estados Americanos) y al Departamento de Estado estadounidense, que en 2024 otorgó a Molina el Premio Internacional a la Libertad Religiosa.
La muerte del padre Guevara Calero, atacado con ácido en la iglesia
La persecución no perdona ni siquiera a los símbolos más sagrados. El pasado domingo, 12 de octubre, falleció el sacerdote Mario Guevara Calero, víctima en 2018 de una agresión con ácido sulfúrico en la catedral de Managua. El ataque fue perpetrado por una ciudadana rusa, Elis Leonidovna Gonn, que arrojó el líquido corrosivo sobre el rostro y el cuerpo del sacerdote, causándole graves quemaduras. La misma Gonn, liberada por la dictadura por motivos que nunca se han aclarado, volvió a atacar dos años después en Italia: el 23 de junio de 2020 apuñaló, tras rociarle con gas lacrimógeno, al gerente de un bar de Turín donde se había presentado para una entrevista de trabajo.
El padre Guevara, de 63 años, murió tras años de sufrimiento y numerosas intervenciones quirúrgicas. Esta semana será enterrado en Masaya. Su figura es una de las muchas que se han convertido en símbolo del martirio de la Iglesia nicaragüense.
Las cifras de la persecución
"Ante los regímenes criminales que someten a los pueblos", recordó el martes monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua obligado al exilio en Miami, "debemos cultivar la rebelión espiritual, intelectual y moral para denunciar la injusticia". Las palabras de Báez resuenan en el nuevo informe de Molina: entre 2018 y julio de 2025 se contabilizan 1010 ataques o agresiones contra la Iglesia católica y más de 16.500 procesiones o actos de piedad popular prohibidos.
"El régimen quiere aniquilar la fe católica", explica la abogada a Tempi, "imponiendo homilías de un máximo de cinco minutos, prohibiendo rezar por los obispos en el exilio y castigando a los fieles que piden libertad durante la misa".
El control, denuncia Molina, es capilar: "Solo los paramilitares encargados de la vigilancia eclesiástica son más de 80.000. En un país de 7 millones de habitantes, más del 1 % de la población está involucrada en la persecución religiosa". A pesar de ello, la Iglesia nicaragüense sigue resistiendo. "Las familias católicas mantienen viva la llama de la fe", cuenta, "incluso en las casas vigiladas. Los sacerdotes en el exilio celebran en silencio, en casas particulares o capillas improvisadas, pero no dejan de servir al pueblo de Dios".
Con la entrega del dossier al Vaticano, Molina espera que "la voz de la Iglesia perseguida de Nicaragua resuene en el corazón de la cristiandad". El Papa León XIV, afirma el activista, "representa un faro de esperanza para quienes viven con miedo. Mi misión no es política, sino moral: mostrar al mundo que en Nicaragua se muere por la fe y que el silencio cómplice es también una forma de persecución".
ReL
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