Daniel Ortega, el dictador sandinista de Nicaragua, acosa y castiga a los cristianos de distintas denominaciones
La dictadura de Daniel Ortega y su “copresidenta” y esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua, no cesa en su persecución contra la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas: ahora vigila a sacerdotes, revisa sus celulares y les exige informes semanales de sus actividades, además de restringirles la libertad de movimiento.
El diario nicaragüense Mosaico CSI, a partir del informe de marzo de Christian Solidarity Worldwide (CSW, en Csw.org.uk), difunde las circunstancias de acoso y falta de libertad de los sacerdotes católicos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y de su “copresidenta” y esposa, Rosario Murillo. El documento da cuenta de 222 violaciones a la libertad religiosa en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
Prohibido salir de la ciudad y hacer crítica social
Tanto los sacerdotes católicos como otros líderes religiosos cristianos tienen obligación de presentar informes semanales a la policía, compartir los detalles de su planificación y tienen prohibido salir de su municipio sin autorización del gobierno.
Los sacerdotes "no pueden hablar de temas relacionados con la Doctrina Social de la Iglesia o críticas sociales”, dice el periódico, a partir del informe de Christian Solidarity Worldwide (CSW).
"Predicar sobre la unidad o la justicia u orar por líderes religiosos encarcelados o incluso por la situación general del país, por ejemplo, puede considerarse una crítica al gobierno y clasificarse como un delito", explica el informe de Christian Solidarity Worldwide.
La policía exige a los clérigos que no exhiban en las actividades religiosas o parroquiales los colores de la bandera nacional, azul y blanco.
Espías y policías que revisan los teléfonos
El régimen también prohíbe las procesiones y marchas religiosas por la calle. El Gobierno vigila de cerca a los religiosos, de forma abierta, y también de forma encubierta (escuchas, delatores, espías, etc...)
Además, los sacerdotes "reciben visitas frecuentes de policías que les revisan los celulares para ver si se comunican con los obispos y sacerdotes que están fuera del país o con periodistas".
El informe de CSW indica además que protestantes y católicos “denunciaron con frecuencia la infiltración y el uso de informantes en congregaciones de todo tipo, para vigilar e informar sobre el contenido de sermones, oraciones y otras actividades, lo que indica que el gobierno ve a las comunidades religiosas o de creencias con creciente sospecha y las vigila de forma activa y sistemática”.
Nueve casos más de sacerdotes bajo medidas cautelares
El documento de Christian Solidarity Worldwide recoge 222 violaciones de la libertad religiosa a lo largo de 2024, además de 46 casos de detenciones arbitrarias de líderes religiosos, como las laicas católicas Carmen María Sáenz Martínez (de 49 años), y Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda (de 38), que “han estado incomunicadas sin que se haya proporcionado a sus familias ninguna prueba de que están vivas”. Están ligadas a Cáritas y la diócesis de Matagalpa.
Carmen Sáez y Lesbia Gutiérrez, ligadas a Cáritas y la diócesis de Matagalpa, secuestradas por el régimen de Nicaragua
CSW precisa además que en 2024 “recibió nueve informes adicionales de sacerdotes católicos sometidos a medidas cautelares. En cada caso, el sacerdote fue detenido e interrogado primero por la policía” y se les dijo que de no cumplir con alguna medida serían detenidos o desterrados.
El informe recuerda el caso del P. Luis Eduardo Benavides, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que el 27 de agosto de 2024 fue advertido por la policía de la dictadura, que le informó que desde entonces “la policía lo visitaría todos los martes para entrevistarlo y tomarle una fotografía” y que las “medidas cautelares eran el resultado de una orden de Managua”. El sacerdote huyó a Honduras muy temprano el 28 de agosto.
Al pastor Vílchez, aislamiento y sin Biblia
CSW también se refiere al caso del pastor evangélico Efrén Antonio Vílchez López, que trabajaba con más de 100 iglesias cristianas, quien fue golpeado y encarcelado en 2022 por haber criticado públicamente la violencia de la dictadura.
Ahora está encarcelado, no se le permite ningún libro, tampoco una Biblia y “desde agosto de 2024, solo se le proporciona un pequeño recipiente con agua al día. Se le ha privado de luz natural y aire fresco, ya que rara vez se le permite salir al patio de la prisión”. Además, no le entregan los alimentos y medicinas que le llevan a la prisión.
Mosaico CSI relató en enero el caso de “Angélica” –nombre ficticio para garantizar la seguridad de la menor de 13 años– que fue interrogada por la policía cuando iba a la iglesia en el norte de Nicaragua.
Un policía la vio en la calle, y le hizo varias preguntas, como a qué iba “tanto” a la iglesia, a lo que la niña respondió: “¡A misa!”, y la dejaron continuar su camino. “No pasó a más y no la han vuelto a molestar, pero sí, la Policía sigue vigilando todo tipo de actividad en las iglesias, intimidando a todo el mundo, incluso a los niños”, comenta “Rosa”, catequista que supo de lo ocurrido con Angélica.
Piden liberar a los presos, restablecer las organizaciones
El informe de CSW pide al régimen nicaragüense liberar a los líderes religiosos y los presos políticos encarcelados y restituir la ciudadanía nicaragüense a todos a quienes les fue retirada arbitrariamente.
También solicita restablecer la personalidad jurídica de las más de 5.000 “organizaciones de la sociedad civil que han sido ilegalizadas arbitrariamente”; y descongelar las cuentas bancarias de universidades, organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos en todo el país.
Jesús M. C., ReL
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ante la persecución y la violencia
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