Despojar de su nacionalidad a sacerdotes y disidentes de Nicaragua va contra el derecho internacional
La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de despojar de su nacionalidad a obispos en el exilio, como el que fuera obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, sacerdotes como el padre Edwin Román, o escritores afamados, como Sergio Ramírez, ha sido calificada por la ONU como violatoria del derecho internacional.
Privación arbitraria
El organismo internacional a través del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su «profunda preocupación» por una serie de reformas legislativas. Le dieron luz verde al régimen sandinista – encabezado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua – para despojar a poco más de 300 disidentes de su ciudadanía.
De un plumazo – avalado por reformas legales impulsadas por él mismo y acatadas por el poder judicial a su servicio – Ortega ha decidido volver personas sin patria a quienes se han opuesto a su régimen dictatorial. Sobre todo después de su reelección el 7 de noviembre de 2021.
«Las recientes reformas legislativas en Nicaragua que permiten el despojamiento de la ciudadanía por motivos arbitrarios son contrarias a las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional y regional de derechos humanos», dijo la agencia de la ONU para los refugiados.
Y señaló un tema que a los dictadores de Latinoamérica parece no importarle nada: «El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad, incluso por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos». La justificación de Ortega es que todas esas personas despojadas de su nacionalidad son «traidores a la patria».
Todos son «nicas»
En la sentencia en contra de los nicaragüenses deportados, firmada por el juez Ernesto Rodríguez, además de retirarles la nacionalidad e incautar sus bienes, también les inhabilitan para cargos públicos y les suprimen «todos sus derechos ciudadanos».
De hecho, según lo consigna el periódico La Prensa, este viernes 17 de febrero, la policía de Nicaragua comenzó a allanar las casas de los exiliados y a tomar posesión de sus bienes, en una acción que rebasa todos los límites legales y procesales.
Las reacciones de quienes han sido tratados tan duramente por el régimen no se han hecho esperar. El sacerdote Edwin Román, nada más conocer la decisión dijo en el exilio: «Soy orgullosamente nicaragüense. Se equivocan los dictadores de Nicaragua, Rosario Murillo y Daniel Ortega, que me despojaron de mi nacionalidad con un vulgar escrito. Yo no entrego ni vendo la soberanía de mi país, ni a los rusos, ni a los chinos. ¡Volveré en libertad!»
Lo mismo han declarado los otros sacerdotes que han sido despojados de su nacionalidad: los padres Uriel Vallejos y Harving Padilla. El obispo Silvio José Báez expresó en un Tweet: «¡Dios de la vida y de la liberación! Te doy gracias por ser nicaragüense, un orgullo que nadie jamás podrá arrebatarme. Te pido que nos guíes en el camino hacia la liberación de nuestro país, en donde el pueblo es oprimido y tu santa Iglesia perseguida. Por Cristo, Nuestro Señor».
Odio y venganza
En su momento, el escritor Sergio Ramírez, también en el exilio, dijo: «Nicaragua es lo que soy y todo lo que tengo, y que nunca voy a dejar de ser, ni dejar de tener. Mi memoria y mis recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por la que he empeñado mi palabra. Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo».
Por su parte el periodista Carlos Fernando Chamorro – director de un medio en el exilio, El Confidencial – expresó: «Todas estas acciones delictivas, el despojo de la nacionalidad, la imposición de penas a perpetuidad y la confiscación de bienes, están prohibidas de forma taxativa por la Constitución de la República. Ortega y Murillo reafirman que desde hace muchos años Nicaragua dejó de ser una sociedad regida por la ley y la Constitución. Sino en la que impera la ley de la venganza y el odio».
ACNUR subrayó explícitamente que «el ejercicio de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros derechos asociados con las opiniones políticas de una persona, nunca puede justificar la privación de la nacionalidad».
Finalmente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, explicó, a través de su portavoz Stephane Dujarric que en este caso «vale la pena recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos tienen derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente».
Jaime Septién, Aleteia
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